En un estudio de tatuajes del condado de Racine (Wisconsin) se ha desatado un escándalo que golpea el punto más vulnerable de la cultura del tatuaje: la confianza que el cliente y el artista deben depositar el uno en el otro dentro de una habitación cerrada. El ex oficial de policía Caleb McKenzie, de 30 años, ha sido imputado penalmente por agresión sexual en segundo grado: según la fiscalía, el 22 agosto coaccionó para mantener relaciones sexuales a una tatuadora con la que tenía una sesión programada. El caso rápidamente rebasó los límites de una trama criminal común porque, según se descubrió, el implicado ya figuraba en enero en la llamada lista Brady, un registro de empleados encargados de hacer cumplir la ley sobre los cuales la fiscalía tiene dudas respecto a la veracidad de sus declaraciones.